Fundación dice estudios demuestran que la marihuana mejora síntomas de muchas enfermedades y que sus daños a la salud son menores a los causados por el alcohol o el tabaco SANTO DOMINGO, RD.- Una fundación impulsa ante instituciones de la salud y de seguridad nacional un proceso de diálogo que haga viable la creación de un anteproyecto de ley sobre la “Fiscalización del Cannabis Medicinal en la República Dominicana” con el propósito de que se apruebe una legislación que rige la industria de la marihuana solo para fines médicos. La Fundación ConnaRed propone la creación de una ley que permita se utilice la marihuana como tratamiento alternativo para aliviar los síntomas causados por diversas enfermedades, entre ellas el cáncer. Lester Bonilla (1ro de la izquierda) César Polanco Reynoso, representante Legal de CannaRed (2do de la izquierda); Jaime Marte Martínez, presidente del Consejo Nacional de Drogas (3ro de la derecha), la politóloga Karyn Del Orbe (2da, de la derecha) y asesores del Consejo Nacional de Drogas. (FUENTE EXTERNA) Entiende que la mejor manera de hacer probable una legislación que despenalice el cannabis es dar apertura a un panel que cuente con la participación del Consejo Nacional de Drogas (CND), en conjunto con el Ministerio de Salud Pública, la Dirección Nacional de Control de Drogas, los ministerios de Defensa, de Interior y Policía, Colegio Médico Dominicano, Ministerio Público, representantes de esa fundación y todas las personas especialistas en el área, interesadas en participar en este tema. ConnaRed, representada por el anestesiólogo Lester Bonilla y la politóloga Karyn del Orbe, explica que los países donde ya se ha establecido una ley que regule la industria de la marihuana, el Estado ha pasado a ser el responsable de otorgar los permisos para su producción, comercialización y venta. “La evidencia científica disponible indica que los daños causados a la salud por el cannabis son menores a los causados por el alcohol o el tabaco. Más importante aún, gran parte de los daños asociados a la marihuana – de la prisión y encarcelamiento indiferenciado de consumidores a la violencia y la corrupción que afectan a toda la sociedad – son el resultado de la política prohibicionista vigente actualmente”, explicó la fundación un comunicado de prensa. Destacó que el cannabis ilegal, como se ha comprobado se comercializa en el país, incluso para objetivo medicinal, no es comparable con el de un mercado regulado que ya está vigente en decenas de países desde hace más de una década, como por ejemplo, alguno estados estadounidenses y Uruguay. “El cannabis ilegal representa un problema para la salud pública ya que puede contener metales pesados, aditivos no orgánicos fosforados, pesticidas, hongos y hasta cocaína rociada se pueden encontrar en cualquier producto clandestino de cannabis, que son dañinos para la salud del consumidor. Tener un mercado de cannabis fiscalizado evitaría estos problemas de Salud Pública”, argumentaron Lester Bonilla y Karyn M. Bidó del Orbe. Afirmaron que el pasado diciembre del año 2020, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoció las propiedades medicinales de la marihuana en una votación en Viena de la Comisión de Estupefacientes, órgano ejecutivo sobre políticas de drogas del organismo. Se ordenó la retirada de categoría de drogas más peligrosas. De igual forma, la Organización Mundial de la Salud (OMS) también reconoció la utilidad médica del cannabis y recomendó su retirada de la Lista IV, cita ConnaRed. Sobre ConnaRed ConnaRed es una asociación sin fines de lucro que tiene por objetivo el desarrollo científico, educativo, legal y comercial del cannabis medicinal y el cañamo en la República Dominicana. Los datos de este informe proceden de un estudio de impacto político, económico y social desarrollado por un grupo de profesionales especialistas en las áreas legal, economía, medicina y políticas públicas.

SANTO DOMINGO, RD.- La Acción Empresarial por la Educación (Educa) consideró este domingo que la voluntad política de las actuales autoridades para reformar la Ley General de Educación 66-97 crea la oportunidad para que los principios y compromisos debatidos y legitimados por la sociedad dominicana en el proceso de construcción colectivo del Pacto Nacional para la Reforma Educativa cobren fuerza de ley.

Conforme a la organización, la nueva normativa deberá constituirse en una ley flexible de cumplimiento rígido, a diferencia de la ley vigente que se ha caracterizado por ser un estatuto rígido de cumplimiento flexible.

Director de Educa, Darwin Carballo. (FUENTE EXTERNA)

Opinó que toda revisión de la Ley General de Educación, así como de la legislación complementaria, debiera eliminar privilegios, prerrogativas, y cualquier beneficio para los diferentes actores vinculados con el sistema educativo, con la salvedad de aquellos que surjan de los talentos y virtudes demostrados en instancias objetivas y competitivas.

“Ahora bien, se excluye de esta máxima únicamente al cargo de ministro de Educación, que debe ser designado por el presidente de la República conforme a lo establecido en la Ley Orgánica de la Administración Pública y en la Constitución Nacional”, dijo la entidad en una nota de prensa.

En la Nota Técnica Reforma de la Ley General de Educación: consideraciones para cumplir con un compromiso pendiente, firmada por el director ejecutivo de la entidad, Darwin Caraballo, Educa hace sus planteamientos sobre las reformas a esta ley en su calidad de representante del sector educativo privado ante la comisión recientemente instalada por el Ministerio de Educación.

Educa consideró que las acciones del Ministerio de Educación deben limitarse a definir únicamente los estándares de calidad esperados independientemente del tipo de oferta, delegando en la comunidad educativa privada plena libertad para la elección de los métodos, estrategias pedagógicas y marco disciplinares que entienda adecuado.

Indicadores de calidad de gasto

El director ejecutivo de Educa resaltó la importancia de incorporar en la nueva norma indicadores atinentes a la calidad del gasto, tales como el ratio de personal administrativo docente; gastos de capital sobre gastos recurrentes y formación de docentes por resultados, etc.

Expuso que Educa, junto a la sociedad dominicana, ha tomado como una conquista el 4 % y está dispuesta a defenderlo como a una trinchera, “sin embargo, parece sensato, a la luz de los resultados, condicionar los desembolsos de esos presupuestos al logro de las metas de calidad previamente definidas”.

Dijo que desde el 2013 fecha en que se comienza a honrar el 4 % del PIB establecido en el artículo 197 de la actual ley, se han acumulado más de USD 27,000 millones destinados a la proporción de la educación administrada por el Minerd.

Desde el prisma institucional, en el financiamiento de la educación no debiera primar la lógica del gasto sino de la inversión, procurando y fundamentando que cada peso del presupuesto esté asociado e identificado sobre una cadena de valor, que conduzca a una mejora integral de los aprendizajes de los estudiantes de todos los niveles, modalidades, subsistemas y ofertas.

Suspensiones

Darwin Caraballo dijo que para proteger el derecho de los estudiantes y de sus familias para asegurar la continuidad del calendario y el horario escolar, la nueva ley debe limitar la suspensión de jornadas de clases.

Evaluación

De acuerdo con Educa, la nueva legislación debiera también promover y consagrar una cultura de la evaluación para el sistema educativo, bajo el supuesto de que no hay caminos de mejora posible sin medir con objetividad procesos, resultados, impactos y desempeños.

Estimó que cada funcionario, estudiante, autoridades educativas, entidad administrativa y centros educativos públicos y privados deberán rendir cuenta, sistemática y públicamente, del logro de sus resultados y desempeño ante las autoridades competentes del sistema educativo y estos resultados deberán ser de dominio público.

Formación y la carrera docente

En el documento, se sugiere que el nuevo marco normativo ascienda a rango de ley al estatuto docente, el cual también debiera ser ajustado y revisado a la luz de los principios y filosofía que se viene describiendo.

Opinó que las regulaciones sobre la formación de docentes, sobre la carrera docente y sobre jubilaciones y pensiones, deberían garantizar la transparencia y el profesionalismo, para que cada maestro o profesor sea recompensado en función de su nivel de desempeño, competencias y compromiso con la causa de la educación.

De igual manera, la Nota Técnica No.82 aborda la necesidad de que se avance en una nueva agenda de derechos que establezca la potestad de los niños y adolescentes a aprender y a culminar los ciclos educativos, al menos hasta el primer nivel de la educación secundaria.