Santo Domingo.- La realización del X Censo Nacional de Población y Viviendas trae muchas inquietudes sobre obligaciones y derechos de los residentes, como es el caso de la divulgación de informaciones personales que sean recolectadas durante el procedimiento, las cuales están penadas por la ley con cárcel y dinero.
Y es que la Ley 5096 Sobre Estadísticas y Censos Nacionales establece en su artículo 27 que los funcionarios, empleados públicos y los auditores asignados por la Dirección General de Estadística, que divulguen datos o informes estadísticos de cualquiera naturaleza serán castigados –con prisión de 5 a 30 días y multa de diez a cien pesos, sin perjuicio de cualesquiera otras sanciones en que hubieren incurrido.
La directora general de la Oficina Nacional de Estadísticas (ONE), Miosotis Rivas, expresó que para este censo hay un compromiso político, un equipo competente, apoyo internacional, gestión de proceso y una sociedad convencida de que es positivo.
Rivas mostró una presentación donde evidenció todo el proceso que se ha llevado a cabo para garantizar el éxito del censo y todas las innovaciones tecnológicas que se han adquirido para facilitar el proceso.
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